La indagatoria busca determinar si las violaciones de derechos humanos fueron aisladas o parte de una práctica sistemática estatal. Hay más de tres mil querellas, entre ellas la de Gustavo Gatica, sin que hasta hoy exista imputación a mandos políticos.
Araya, actual jefe policial, entonces dirigía Control del Orden Público. También declararon Rozas, a cargo de la institución en 2019, y Yáñez, responsable de Orden y Seguridad. Chadwick, exministro, lideró la conducción política del orden público.
La diligencia se realizó el 12 de marzo en la Fiscalía Nacional y fue ordenada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. El fiscal Cristián Aguilar tomó declaraciones para esclarecer las decisiones operativas adoptadas durante 2019.
La Fiscalía reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad durante el estallido social y citó a declarar al general director de Carabineros, Marcelo Araya, a los exjefes Mario Rozas y Ricardo Yáñez, y al exministro del Interior Andrés Chadwick.
También se detectaron fallas en adquisiciones, como una máquina láser comprada por trato directo que quedó inoperativa meses después. El caso fue derivado a Fiscalía y al CDE, mientras se ordenó un sumario interno, reavivando dudas sobre transparencia y control en la industria militar.
El Informe Final N° 750 de 2025 mostró que FAMAE usó el “mutuo acuerdo” para hacer pagos sin base legal, algunos muy superiores al proporcional por años de servicio. Contraloría advirtió recontrataciones inmediatas sin concurso, revelando un patrón de “puerta giratoria”.
Fábricas y Maestranzas del Ejército, creadas en 1811, son la empresa pública más antigua de Chile. Nacida para fabricar y reparar armas en la Independencia, hoy produce fusiles, misiles y sistemas balísticos para las Fuerzas Armadas, además de brindar mantenimiento a vehículos militares.
Contraloría detectó que FAMAE pagó más de $1.000 millones en indemnizaciones irregulares a 63 empleados desvinculados por “mutuo acuerdo”, causal que no contempla compensación. Cuatro de ellos recibieron montos sobre $100 millones y varios fueron recontratados de inmediato.
La declaración surge tras el anuncio del gobierno de Kast, que evalúa indultar a uniformados condenados por hechos del estallido social. El mandatario sostuvo que “cumplieron su deber”, mientras su vocera confirmó que ya analizan cada caso en detalle.
Según el INDH, conceder un indulto antes de cumplir una parte sustantiva de la condena atenta contra la obligación de sancionar efectivamente. Además, esas medidas podrían interpretarse como retrocesos graves en la lucha contra la impunidad.
El organismo subrayó que el Estado chileno debe cumplir normas que exigen investigar, sancionar y prevenir delitos como tortura o tratos crueles. Indultar a responsables de esos crímenes sin cumplir estándares mínimos vulnera compromisos internacionales.
El INDH advirtió que otorgar indultos a condenados por graves violaciones a los derechos humanos podría generar responsabilidad internacional para Chile, recordando que esta facultad presidencial no es absoluta ni puede usarse contra obligaciones internacionales.
Testimonios de otro detenido y de ex carabineros desmintieron la coartada de Gallegos. La causa, abierta en 2015, llega a su fin más de medio siglo después, reflejando la tardanza en juzgar crímenes de lesa humanidad. El finiquito de Codelco registró su último día laboral el de su secuestro.
El ministro en visita Sergio Troncoso Espinoza condenó al ex sargento segundo de Carabineros Aquiles Gallegos Fuentes, miembro del SICAR, a 10 años de presidio efectivo e inhabilitación absoluta. El fallo probó su participación en la detención, torturas y traslado de Contreras.
El cuerpo de Contreras apareció el 30 de noviembre de 1990 en una mina abandonada, a 55 metros de profundidad. Solo vestía camisa y short. El Servicio Médico Legal estableció que murió por un traumatismo craneoencefálico causado por la culata de un arma de fuego.
Luis Eduardo Contreras León, trabajador de Chuquicamata, dirigente de la CUT y militante socialista, fue secuestrado el 22 de octubre de 1973 en Calama por agentes del SICAR de Carabineros. Tenía 33 años, era casado y padre de tres hijos. Nunca volvió a su hogar.
La filtración reabrió heridas y críticas por priorizar “defensores de la patria” sobre víctimas civiles. Que un homicida condenado pueda quedar libre por decisión política revive el trauma del 2019 y tensiona la independencia judicial. La Moneda aún no confirma el beneficio.
La familia de Veloz exige que la condena se cumpla en cárcel común y no militar. Kast afirmó que aplicará indultos “caso a caso” para uniformados, justificándolo como un gesto de reconciliación y “paz con diálogo”, generando fuerte rechazo en organizaciones de DD.HH.
Faúndez fue condenado tras confirmación de la Corte Suprema por violencia innecesaria con resultado de muerte. El joven ecuatoriano de 26 años fue baleado el 20 de octubre de 2019 en La Serena. Otros dos manifestantes resultaron gravemente heridos por las órdenes de disparo.
El capitán del Ejército José Santiago Faúndez, condenado a 15 años por el homicidio de Romario Veloz en el estallido de 2019, sería el primer militar beneficiado con un indulto presidencial bajo José Antonio Kast, según reveló la periodista Mónica Pérez en Radio Duna.
El máximo tribunal confirmó que actuaron por decisión propia y no bajo órdenes superiores. El caso marca un precedente: uno de los oficiales de mayor rango condenado por manipular pruebas en el estallido social, agravando la desconfianza en Carabineros.
La investigación probó que ambos ocultaron dos videos clave que exculpaban a Martín Sanhueza, acusado de lanzar un proyectil contra un carabinero. Capetillo ordenó mantenerlos ocultos y Fuentes entregó una declaración falsa para sostener la acusación.
Capetillo recibió 700 días de presidio remitido, suspensión del cargo y multa de 8 UTM, mientras que Fuentes fue sancionado con 300 días y 4 UTM. Se ratificó así el fallo del Tribunal Oral de Coyhaique que los declaró culpables de obstrucción calificada de la investigación.
La Corte Suprema confirmó las condenas contra el ex prefecto Pablo Capetillo y el ex capitán Juan Francisco Fuentes por obstruir la investigación del caso Coyhaique, ocurrido durante el estallido social de 2019. Ambos ocultaron pruebas que demostraban la inocencia de un estudiante.
El SML confirmó asfixia por sumersión. El Ejército admitió que la prueba no estaba autorizada y se realizó con viento sobre 70 km/h. La familia exigió trasladar la causa a la justicia civil para asegurar transparencia en la investigación de su muerte.
Su tío acusó que el suboficial detenido tenía antecedentes de mala conducta y que su sobrino fue víctima de un “hostigamiento inusual” de parte de sus superiores. “Por primera vez siento temor de mis propios compañeros”, habría dicho el cabo antes de morir.
Palacios, de 25 años, oriundo de Puente Alto y con siete años de servicio, había advertido días antes a su tío sentirse hostigado y temeroso. “Desde que llegué a esta brigada me miran con malos ojos… algo malo va a pasar”, escribió antes de la tragedia.
El tío de Carlos Palacios relató los últimos minutos del cabo en la laguna del Regimiento Chorrillos, donde pidió auxilio dos veces antes de hundirse sin que nadie lo rescatara. “Mi sobrino levanta las manos pidiendo ayuda; nadie se tira al agua”, denunció.
La Corte rechazó el recurso y confirmó la condena. El tribunal sostuvo que el arma sí se rige por la ley de control de armas, lo que impide beneficios. La querella valoró el fallo y recordó que portar uniforme no debe otorgar privilegios judiciales.
El Cuarto Tribunal Oral lo condenó a tres años y un día de presidio por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves y 61 días por denegación de auxilio. La defensa pidió pena sustitutiva, alegando que la lanzagranadas no era un arma de fuego.
