La transición energética es el tablero donde se dirime la geopolítica global y la posibilidad de una civilización habitable, así como la prosperidad o el sometimiento de España. Acelerarla es un imperativo climático, para esquivar los 2 °C de calentamiento, y político, para romper la dependencia de tiranos que usan los combustibles fósiles como arma.
Actualmente, cerca del 70% de la energía que consume España es importada, con un costo de unos 60.000 millones de euros anuales. Las renovables permitirían destinar esos recursos a otros fines. El país cuenta con ventajas únicas: recursos solares y eólicos abundantes que ofrecen generación de costo marginal cero, un recurso gratuito y no monopolizable. Frente a los fósiles, impredecibles y en declive, las renovables representan energía barata, autonomía, reindustrialización verde y desarrollo territorial.
Para lograrlo, es clave abordar la transición desde una óptica progresista, evitando los daños de una mala gestión. La izquierda no debe negar este proceso, sino gobernarlo para hacerlo democrático y redistributivo. Una transición justa será rápida, y solo una rápida será justa. Esta rapidez es la condición para que los territorios más abandonados y las generaciones futuras alcancen el desarrollo necesario para construir una sociedad más justa. España no puede quedarse descolgada de esta revolución industrial.
El camino hacia la autonomía y la prosperidad consiste en desacoplarse de los fósiles y electrificar la economía mediante generación renovable, que es distribuida, democrática, previsible y estable. La luz del sol no necesita atravesar estrechos conflictivos ni su precio está sujeto a deseos expansionistas. España puede liderar la vanguardia energética limpia de la UE, gracias a sus recursos y tecnología para producir energía inmune a autócratas. Solo falta garantizar que sus beneficios se distribuyan ampliamente, abriendo una vía renovable al desarrollo y haciendo de la electrificación un motivo de orgullo.
1. Tope al precio del gas: Establecer un precio dual que proteja el consumo básico de hogares y empresas, con compensación estatal temporal a proveedores.
2. Tasa a beneficios fósiles: Convertir el impuesto a energéticas en un gravamen ambiental permanente sobre beneficios extraordinarios, destinado a financiar la transición y proteger a hogares vulnerables.
3. Fin a rescates fósiles: Suprimir ayudas públicas que sostengan la dependencia de combustibles fósiles, priorizando inversiones en renovables y electrificación.
4. Bono social vinculado a electrificación: Condicionar las ayudas al consumo energético a inversiones en equipos eficientes y renovables, como bombas de calor.
5. Impulso al almacenamiento: Acelerar permisos e inversión en proyectos renovables con sistemas de almacenamiento para garantizar suministro estable y barato.
6. Electrificación de industrias estratégicas: Diseñar una hoja de ruta vinculante para electrificar la industria, con obligaciones de puntos de recarga y ayudas para sustituir equipos fósiles.
7. Rehabilitación de viviendas: Plan público masivo de rehabilitación energética, priorizando bombas de calor sobre calderas de gas para reducir la demanda fósil.
8. Electrificación total del transporte: Acelerar la adopción de vehículos eléctricos, electrificar transporte público y flotas, y desplegar una red densa de recarga.
9. Transformación de la administración: Crear ventanilla única para permisos de obras y despliegue renovable, con funcionarios formados para agilizar trámites.
☀️ Nueve propuestas para crear un escudo social energético y para acelerar la transición verde.